El jueves 11 se tratará en la Legislatura del Chubut la modificación de la Ley de Ficha Limpia que tiene como objetivo cambiar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. En ese sentido, el diputado Gustavo Fita explicó que la Ley de Ficha Limpia contradice tanto la Constitución Nacional como la Provincial al vulnerar el principio de inocencia consagrado en los artículos 18 y 43 respectivamente. Esta ley establece medidas que podrían inhabilitar a personas antes de que exista una condena firme o se agoten todas las instancias judiciales, volviéndola inconstitucional y violatoria del estado de inocencia.

“La Ley de Ficha Limpia va en contra de lo que dice la Constitución Nacional en su artículo 18 y la Provincial en su artículo 43 que expresan que rige el principio de inocencia hasta que exista una condena firme o bien, que sean agotadas todas las instancias. Por lo que estamos hablando de una ley inconstitucional”, señaló Fita. 

Y en definitiva, “esta Ley”, aclaró “está en contra de lo qué indican los pactos internacionales porque precisamente es ‘la cosa juzgada’, la que da estabilidad a la sentencia. Resolver antes de esa instancia, implicaría anticipar una sanción inconstitucional”.

Además, el diputado precisó que específicamente el inciso 8 de la Ley de Ficha Limpia, es violatorio de derechos fundamentales como el debido proceso legal, el derecho a un juicio justo y el principio de inocencia. “Estas garantías están consagradas tanto en la Constitución Nacional como en la Provincial, y la ley propuesta socava estos principios al anticipar sanciones sin una sentencia firme”.

Es importante resaltar la importancia de la "cosa juzgada", es decir, la estabilidad que adquiere una sentencia una vez que se han agotado todas las instancias de recurso. Solo en este punto se puede considerar una sentencia como definitiva y en contraposición la Ley de Ficha Limpia, no respeta este principio, y va en contra de los pactos internacionales y de las garantías fundamentales del sistema judicial argentino.

La Ley de Ficha Limpia, en su forma actual, busca ampliar la inhabilitación de candidaturas a cargos electivos y partidarios no solo a personas condenadas por delitos de corrupción o contra el orden constitucional, sino también a aquellos que hayan cometido otros delitos dolosos como narcotráfico, homicidio, violencia sexual y estafas, incluso si la condena no está firme aún.