El juez de Cámara Daniel Obligado le otorgó la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por la causa Ciccone después que sus abogados defensores solicitaron en reiteradas oportunidades que se revise su situación.

La última presentación hizo alusión a la Emergencia Sanitaria declarada por el coronavirus. Para darle el beneficio de la domiciliaria, se dispuso que se realice también un monitoreo electrónico del ex vicepresidente, que cerca de las 23 fue trasladado a su casa del barrio de Barracas.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia decidió que no habilitaría la feria judicial extraordinaria para dar un pronto despacho a un pedido de los abogados de Amado Boudou para que se revise la condena que recibió en el caso Ciccone. Pero a contramano de esa decisión, la Justicia federal con la firma del juez Obligado concedió el beneficio del arresto domiciliario al ex vicepresidente de Cristina Kirchner.

El último pedido que el abogado Alejandro Rúa y su socia Graciana Peñafort realizaron ante la Justicia adujó a la pandemia del coronavirus. Citaron, entonces, que debía atenderse la situación ante la declaración de emergencia por parte del Estado nacional para evitar que continúe propagándose el coronavirus.

Amado Boudou fue condenado después de un año de juicio, por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), cuya prisión se hizo efectiva tras la lectura de la sentencia. El juez Obligado, tuvo en consideración que el ex vice "ya estuvo detenido, fue excarcelado, se le revocó tal beneficio y retornó al encierro penitenciario".

Y expuso como argumento para darle la domiciliaria su "buena conducta". "Hasta el momento viene cumpliendo con las pautas procesales que se le han impuestos y también registra conducta 10, concepto 6", escribió el juez basado en un informe socio ambiental.

Por otro lado, se analizó la situación sanitaria que atraviesa el país. En este punto, Obligado señaló que en el estado de situación de la pandemia "se incrementan los riesgos personales" de Boudou "en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro", sostiene la resolución a la que accedió Clarín.

El Servicio Penitenciario Federal, responsable de 14.007 internos, aplicó controles médicos diarios, como también medidas de higiene con cuadrillas de limpieza y auditorías sobre las misma, señalando además que no se registró aún ningún caso sospechoso en las unidades carcelarias.