Torres salió al cruce de las declaraciones del presidente Milei

La tensión entre el Gobierno y la oposición se intensifica a medida que las respuestas a las presiones de Javier Milei sobre el paquete de leyes propuesto comienzan a surgir. Dos referentes como Ignacio Torres, gobernador de Chubut, y Rodrigo De Loredo, jefe de bloque de la UCR, expresaron su malestar con las declaraciones del presidente, cuestionando la acusación de posibles "intereses espurios" detrás de las demoras en la aprobación de las iniciativas.

En una entrevista matutina, Javier Milei instó al Congreso a actuar rápidamente, alertando sobre las posibles repercusiones económicas de retrasos y discusiones prolongadas. Sin embargo, estas afirmaciones provocaron críticas por parte de Torres y De Loredo, quienes consideraron "peligroso afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones" en los proyectos legislativos.

Rodrigo De Loredo respondió de manera contundente a las declaraciones de Milei, instándolo a presentar denuncias e investigar si cree que hay legisladores con intenciones ocultas. Además, subrayó que las afirmaciones del presidente no intimidarán el comportamiento de la oposición, reafirmando su compromiso de proporcionar herramientas legales al Gobierno sin descuidar la protección de los sectores más vulnerables.

Por su parte, Ignacio Torres respaldó las palabras de De Loredo, enfatizando que los gobernadores del PRO y la UCR están colaborando con el Gobierno para abordar la situación crítica del país. Consideró "peligroso y profundamente irrespetuoso" afirmar que existen intereses espurios en buscar modificaciones a la Ley Ómnibus o en expresar desacuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Ambos líderes políticos rechazaron la noción de que el proceso legislativo acelerado esté relacionado con el aumento de la inflación u otros problemas económicos, abogando por un enfoque integral y federal sobre el impacto de las medidas propuestas. A pesar de su llamado al debate y la colaboración, también instaron a que se realicen denuncias adecuadas en caso de acusaciones de delitos por parte de cualquier figura pública.

En medio de estas tensiones, la discusión en torno a la Ley Ómnibus y las reformas propuestas continúa generando debates y confrontaciones entre el Gobierno y la oposición.