El Concejo Deliberante llevó a cabo su cuarta sesión ordinaria del año, durante la cual se dio un paso importante hacia la consolidación de la transparencia en el municipio: se aprobó el Código de Ética para la Función Pública.

Esta ordenanza, largamente esperada por la comunidad, establece los principios éticos que deben regir la conducta de los funcionarios públicos, tanto electos como empleados municipales. Entre los aspectos más destacados del código se encuentra la definición de la ética y la función pública, así como las obligaciones específicas que incumben a quienes ocupan cargos en la municipalidad.

Uno de los pilares fundamentales del código es la creación de un registro de declaraciones juradas patrimoniales, que contribuirá significativamente a prevenir y combatir la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Este registro estará a cargo del Tribunal de Cuentas Municipal y será obligatorio para todos los funcionarios, tanto al momento de asumir sus cargos como durante su ejercicio y al finalizar su gestión.

Además, el código establece que los funcionarios estarán obligados a denunciar ante la Fiscalía cualquier presunto delito que llegue a su conocimiento, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a requerimientos de la Justicia o la Oficina Anticorrupción.