El Gobierno prohíbe a provincias y municipios incluir tasas en las facturas de servicios públicos

El Gobierno oficializó una resolución que impide a provincias y municipios agregar tasas y recargos en las facturas de servicios públicos. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 267/2024, especifica que las boletas deben reflejar únicamente el costo del servicio contratado por el consumidor, sin incluir conceptos ajenos.

Este cambio responde a una problemática que el Ejecutivo venía denunciando, especialmente en relación con los aumentos de tasas municipales aplicados en sectores como supermercados. Según el Gobierno, esta práctica, que consideran abusiva, se ha generalizado, afectando a los consumidores con costos adicionales que no están directamente relacionados con los servicios prestados.

Detalles de la medida

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció esta decisión, destacando que el objetivo es "transparentar" las facturas para que los usuarios sepan qué están pagando. La resolución también advierte que las provincias y municipios que no cumplan serán sancionados.

En concreto, la normativa prohíbe que se incluyan recargos como tasas de seguridad e higiene, o contribuciones para asociaciones cooperadoras, entre otros. No obstante, el Gobierno no puede eliminar estos impuestos por completo, debido a la autonomía de los gobiernos provinciales y municipales en materia recaudatoria.

La decisión del Ejecutivo llega en medio de una creciente tensión con varios intendentes, que han incrementado estas tasas como respuesta a la caída de ingresos propios y la reducción de transferencias desde el Gobierno nacional. Un caso reciente es el del intendente de Lanús, Julián Álvarez, quien subió la Tasa de Seguridad e Higiene para grandes cadenas de supermercados, lo que generó malestar en el sector y críticas por parte del Gobierno.

Caputo subrayó que muchos municipios utilizan estas subas con fines no solo recaudatorios, sino también políticos, lo que termina afectando a los consumidores. "Las tasas deben estar vinculadas a un servicio prestado y tener una relación razonable con su costo", explicó, señalando que en muchos casos estos aumentos son desproporcionados y sin justificación.

Esta medida, que comenzará a regir en 30 días.