La Corte bonaerense suspendió las excarcelaciones

La Corte bonaerense declaró admisible la presentación del fiscal ante la Cámara de Casación, Carlos Altuve, para analizar esa medida colectiva.

Nacionales

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires suspendió este martes el habeas corpus que habilitaba las excarcelaciones masivas, al declarar admisible el recurso presentado por el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Carlos Altuve.

En su presentación, Altuve consideró "de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación" el fallo del juez de Casación Víctor Violini, que había planteado la posibilidad de que los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Tal como anticipó Clarín, la Corte ya había dado un paso para frenar el hábeas corpus de Violini al quitarle la potestad que les habían dado a los jueces de la Provincia para resolver habeas corpus masivos unipersonalmente en la Cámara de Casación. En la resolución de este martes, además de detener las excarcelaciones también resolvió la pertinencia de admitir el pedido del fiscal Altuve para su análisis.

Esta cuestión de fondo -si las excarcelaciones colectivas son correctas y deben retomarse, o si por el contrario fueron mal concedidas- será resuelta en los próximos días, con un fallo que buscará ser "ordenador" para esta situación y las futuras, según indicaron fuentes judiciales a este diario.

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La Corte bonaerense suspendió las excarcelaciones

La decisión de Violini se tradujo en 599 morigeraciones en las condiciones de prisión por delitos en el último mes, según las cifras oficiales. Teniendo en cuenta los casos de aquellos internos que cumplieron su condena, o que tienen otros regímenes como la libertad condicional o asistida, el número global de detenidos que dejaron los penales bonaerenses en estas semanas asciende a unos 2.200.

La discusión política estalló cuando se detectaron decisiones judiciales que dieron domiciliaria a presos que tenían penas por delitos graves como violaciones, narcotráfico y asesinatos, entre otros. A raíz de esto, el Procurador General, Julio Conte Grand, investiga 148 resoluciones a través de las cuales se concedieron morigeraciones "infundadas, por el tipo de delitos de las personas", señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Ante este escenario de crisis, el Fiscal consideró que sin minimizar la situación del sistema carcelario, se adoptaron acciones que pueden acarrear consecuencias mayores. "Las medidas no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal".

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