El Gobierno desregulará el transporte marítimo por decreto
Una nueva medida permitirá la presencia de buques de bandera extranjera en cabotaje y flexibiliza la contratación de tripulantes
El Gobierno nacional avanza con un decreto de desregulación del transporte marítimo, que se encuentra listo para su firma y se implementará en los próximos días. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al titular de la Agencia Nacional de Vías y Puertos Navegables, Iñaki Arreseygor, habilitará una serie de cambios en el sector.
La medida permitirá la navegación de buques de bandera extranjera en el cabotaje nacional, eliminando la obligatoriedad de contratar tripulantes argentinos. Las empresas marítimas podrán operar con barcos bajo registro argentino o extranjero, y los buques de bandera extranjera podrán operar en el país durante 180 días, con opción de renovación.
Uno de los puntos más polémicos de la normativa es la eliminación del requisito de contratación de tripulación argentina. Las empresas podrán incorporar tripulantes de cualquier nacionalidad, siempre que estén habilitados como personal marítimo o fluvial, si no hay disponibilidad de trabajadores argentinos.
Otra de las disposiciones del decreto permite a los propietarios inscriptos en el Registro Nacional de Armadores solicitar el cese de bandera provisorio para registrar sus buques en registros extranjeros sin que esto sea considerado una exportación. No obstante, los barcos dedicados a la actividad pesquera quedarán excluidos de este régimen.
El decreto tendrá una vigencia de diez años y permitirá el reingreso automático de los buques sin costos adicionales. Además, prioriza la legislación del país de abanderamiento en los contratos de tripulantes y facilita que los barcos extranjeros arrendados sean tratados como nacionales si tienen menos de 20 años de antigüedad y no cuentan con tripulación propia.
La medida también establece que la navegación comercial se considera un servicio esencial, lo que obliga a garantizar la operatividad mínima en caso de huelgas o conflictos gremiales. Los sindicatos podrán sugerir listas de personal disponible, pero los empleadores tendrán total libertad de contratación.
