El Gobierno implementará un examen de idoneidad para 40 mil trabajadores estatales

En su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni, vocero del Gobierno nacional, anunció la implementación de un "examen de idoneidad" para 40 mil empleados que se encuentran en la planta transitoria del Estado o bajo contratos temporales. Esta decisión surge en medio de las repercusiones por el ajuste al erario y tiene como objetivo establecer estándares de evaluación para aquellos que desempeñan funciones en la administración pública.

"El examen se llevará a cabo en diciembre, coincidiendo con la fecha de vencimiento de los contratos actuales. Para que los empleados puedan renovar sus contratos, será requisito indispensable haber aprobado el examen", afirmó Adorni, quien enfatizó que "la modalidad será online, lo que elimina cualquier tipo de subjetividad en el proceso". Esta medida busca garantizar una evaluación justa y transparente en cumplimiento de la Ley de Bases y el decreto reglamentario del empleo público.

Adorni también aclaró que los empleados con discapacidad "no participarán en esta primera instancia del examen", ya que los sistemas de evaluación requieren "una adaptación adicional" para asegurar su inclusión. "Estamos trabajando en adaptar el examen para que sea accesible a todos", agregó.

El anuncio se inscribe en una serie de modificaciones al sistema de empleo público establecidas por el decreto 695/2024, que introdujo una "Evaluación General de conocimientos y competencias" para todos los aspirantes a trabajar en el Estado nacional. "Es fundamental asegurar que los empleados del Estado tengan las competencias necesarias para desempeñar sus funciones", enfatizó Adorni.

Además, el vocero recordó que "cada máxima autoridad de jurisdicción será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y normas éticas en el ejercicio de la función pública". La Oficina Anticorrupción también podrá ser consultada en casos pertinentes, lo que añade un nivel de supervisión adicional a las contrataciones.

En otro momento de su alocución, Adorni se refirió a la situación en las universidades tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. "Esta ley era parte de la vieja política que quiere que vuelva el caos. Veto lo que consideramos un riesgo para el equilibrio fiscal", afirmó. Criticó las tomas de universidades, calificándolas como "un delito", y expresó su solidaridad con "la mayoría de los estudiantes, docentes y no docentes que quieren que la entidad educativa esté funcionando".

En cuanto a la situación laboral, el Gobierno anunció un aumento del 6,8% para el personal docente y no docente a partir de octubre, a pesar de la oposición de los gremios.

Por último, Adorni también informó sobre la privatización de la gestión de rutas nacionales concesionadas, destacando que esta medida permitirá un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares. "Las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones", concluyó.

El anuncio de Manuel Adorni se enmarca dentro de una serie de cambios significativos en la gestión pública que buscan aumentar la eficiencia y la transparencia en la administración estatal.