trabajadores y jubilados se movilizan contra el proyecto de unificación del ISSyS
La reforma que impulsa el gobierno provincial busca unificar la obra social y la caja jubilatoria con el sistema de salud pública. Afiliados y gremios temen que sus aportes financien el sistema sanitario estatal.
Trabajadores y jubilados provinciales se movilizaron en las principales ciudades de Chubut para manifestar su rechazo al proyecto del Sistema Integrado de Salud, que busca unificar el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) con el sistema de salud público. La iniciativa, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, ya fue enviada a la Legislatura para su tratamiento, donde el oficialismo tiene la mayoría necesaria para aprobarla.
La medida fue recibida con críticas y preocupación por parte de los afiliados de la obra social Seros y representantes de diversos gremios, quienes consideran que el proyecto afectará gravemente sus derechos. En Puerto Madryn, un grupo de jubilados se concentró frente a las oficinas de Seros, donde expresaron su repudio y pidieron que el proyecto no se sancione.
“Nos movilizamos porque esta ley atenta contra nuestra obra social. El gobernador quiere que la salud pública se financie con los aportes de los afiliados, tanto de los trabajadores activos como de los jubilados. Eso quiere decir que, en lugar de que el Estado se haga cargo, vamos a terminar sosteniendo el sistema público con nuestro propio bolsillo”, comentó una de las jubiladas presentes en la marcha.
Además, resaltó la falta de información previa sobre el proyecto: “Fue todo muy sorpresivo. Justo después de las elecciones de nuestros representantes de repente aparece esta propuesta que le quita poder a los vocales”
“La salud pública es un derecho que debe estar garantizado por el Estado, no a costa de nuestras jubilaciones y de los aportes de los empleados. Con esto, el gobierno se lava las manos y nos hace responsables de algo que nunca debió recaer en nosotros”, agregó con preocupación.
Los manifestantes denunciaron que la unificación propuesta por el gobierno no solo perjudicaría a los afiliados, sino que también quitaría poder a los vocales que representan a los trabajadores en el directorio de la obra social, dejando a los beneficiarios con menor control sobre el uso de sus aportes.
Por su parte, los gremios estatales se sumaron a las críticas, argumentando que esta reforma pone en riesgo la estabilidad de la obra social, transformándola en una fuente de financiamiento del sistema de salud pública, lo que podría afectar las prestaciones y los beneficios de los afiliados.
