Alerta en el sector pesquero por los cambios en el Régimen Federal que habilitan los permisos al mejor postor, incluso internacional
La nueva Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como Ley Ómnibus- que envió el presidente Javier Milei al Congreso, modifica el Régimen Federal de Pesca y las funciones del Consejo Federal Pesquero con cambios radicales, beneficiando a las empresas internacionales. En el medio, la provincia anunció la suspensión de la temporada de pesca por un paro de SUPA en reclamo de seguridad e higiene.
Todo el sector pesquero, de las distintas partes del país, se puso en pie de guerra frente a la grosera modificación al Régimen Federal de Pesca.
Denuncian vulneración de derechos, imprevisibilidad de grupos económicos, peligro de fuentes de trabajo de las industrias procesadoras y personal de alistamiento de buques en puertos argentinos, eliminación de permisos de pesca irrestrictos y cuotas. Se cancela la ponderación de la cantidad de mano de obra nacional ocupada a bordo de los buques; inversiones realizadas en el país; el promedio de toneladas de captura de cada especie durante los últimos 8 años; y la cantidad de productos pesqueros elaborados por buque, como la capacidad instalada de procesado en tierra a la basura.
Lo más grave es que habilita los recursos marinos del mar argentino expuestos a licitaciones internacionales, sumado a la utilización a libre albedrío de puertos nacionales y/o extranjeros.
Entre las modificación más notables se describe:
-Licitar (en lugar de emitir) las cuotas de captura anual conforme las determine el Consejo Federal Pesquero
-Emitir los permisos de pesca en base a los requisitos establecidos, es decir sin necesidad de autorización previa del Consejo Federal Pesquero.
-El consejo federal de pesca ya no tiene la función de aprobar los permisos de pesca comercial y experimental.
-Deroga el artículo 25, por el cual era obligatorio desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos.
-La autoridad de aplicación sólo podrá verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen; ni por las características de las empresas titulares de los buques Los permisos tendrán como mínimo una duración de VEINTE (20) años
-Las cuotas de captura serán asignadas por la autoridad de aplicación a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada. Es decir, antes, para las cuotas de captura se debían valorar las inversiones de las empresas, el personal ocupado, las exportaciones y el historial de captura. Ahora todo eso se deja de lado: cualquier empresa que gane la licitación puede quedarse con la cuota.
-El derecho de extracción a pagar por quienes hayan sido adjudicatarios en las licitaciones de cupos de pesca será definido en dicho proceso licitatorio y no podrán ser modificados.
Desde Pescare, reconocido sitio de noticias dedicado a la industria pesquera y naval de Mar del Plata, publicaron una editorial lapidaria contra el proyecto de modificación del gobierno. “Lo de esta ley roza el barbarismo en un sector que es madre de actividades y desde donde se desprenden más de 80.000 familias entre directos e indirectos involucrados en los distintos clúster pesqueros del país aportando este año cerca de U$S 1800 millones, con rentabilidades negativas. El sector funciona sin crédito bancario, con recursos propios y con el Estado cuanto más distante mejor, antes y ahora”, sentenciaron.
